MORELIA, Mich., a 28 de mayo del 2015.- Legisladores de la Fracción Parlamentaria del PRI anunciaron este jueves que solicitarán a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública que realicen una fiscalización a fondo de la aplicación de los 5 mil millones de pesos gestionados por el entonces diputado federal y hoy candidato del PRD al gobierno del estatal, Silvano Aureoles Conejo, en 25 ayuntamientos de extracción perredista.
En rueda de prensa, y con 13 expedientes a la mano de obras que se aplicaron en el ejercicio fiscal 2013 así como en el 2014 en el municipio de Tuxpan, además de las copias de los cheques girados por conceptos de las mismas, los diputados Antonio Sosa López, Santiago Blanco Nateras y Yanitzi Palomo Calderón, anotaron que hay pruebas suficientes para afirmar que existió una red de complicidad de corrupción entre Pascual Sigala Páez, Carlos Paredes, Norberto Martínez Soto y Carlos Herrera Tello y el hoy candidato a gobernador, Silvano Aureoles Conejo.
El también presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Antonio Sosa López, refirió el caso denunciado en el municipio de Tuxpan, que era gobernado por el ahora candidato a diputado federal por el distrito de Zitácuaro, Carlos Alberto Paredes Correa, donde se utilizaron 133 millones de pesos para distintas obras ejecutadas por constructoras que son propiedad de Carlos Herrera Tello, aspirante a presidente municipal de Zitácuaro; Pascual Sigala Páez, secretario general del PRD y candidato a diputado local plurinominal, y Norberto Antonio Mendoza Soto, candidato a diputado federal por el distrito 6 con cabecera en Ciudad Hidalgo.
“En el caso de Tuxpan se detectaron obras reportadas con un costo de 133 millones de pesos, cuando su costo real era de 87 millones de pesos, es decir, un sobre precio de 46 millones”, expresó Sosa López, y añadió que en todos los casos las obras fueron asignadas de manera irregular en licitaciones que presentaban el mismo auditor y apoderado legal para todas la empresas.
A su vez, el diputado por el distrito de Hidalgo, Santiago Blanco Nateras, expresó que los expedientes de las obras en el municipio de Tuxpan, algunas de las cuales aún estaban sin concluir cuando fueron auditadas, demuestran que hubo sobreprecios en las mismas del 100 al 450 por ciento.
Expresó que una obra que pudo haber costado alrededor de 4.5 millones de pesos, aparece con un costo de 27 millones de pesos, es decir, añadió, ocho veces más de su valor real. Dijo que varias de las obras reportadas ni siquiera fueron demandadas por la ciudadanía de Tuxpan.
“Como diputados miembros de esta LXXII Legislatura no podemos omitir este tipo de actos, ya que de ello depende la seguridad y certidumbre para todos los michoacanos de que se aplicará la Ley a todos por igual”, advirtió el diputado priista Antonio Sosa López.
Mientras tanto, la diputada Yanitzi Palomo Calderón dijo que el tiempo de la opacidad, del manejo irresponsable de los recursos y de saqueo al erario público se han acabado, y añadió que “no podemos tolerar actos de corrupción como los arriba citados”.
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