La validez constitucional de las normas educativas federales no implican legitimidad social y que éstas no obedezcan a un modelo que tiende a menguar los derechos laborales de miles de trabajadores del sector so pretexto de la eficiencia y la calidad, subrayó el diputado perredista Eleazar Aparicio Tercero, integrante de la Comisión de Educación de la LXXII Legislatura local.
Frente a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucionales las leyes que obligan a los maestros a ser evaluados periódicamente, el diputado por el distrito de Pátzcuaro señaló que la incertidumbre de esta decisión, se encuentra en que una vez que los docentes no aprueben el examen en tres ocasiones a donde se les canalizará, considerando además que esto se contrapone a las leyes, como la Ley de Previsión Social y la Ley del Trabajo, entre otras.
Puntualizó en que el problema de fondo no es el que los maestros se evalúen y capaciten, sino lo que se persigue con este modelo que sacrifica la formación y el desarrollo de las capacidades humanas por la productividad en beneficio de los capitales.
“Estas reformas no pretenden evaluar y capacitar a los docentes en aras de un proyecto nacional, que fortalezca nuestra soberanía y robustezca el potencial de México, sino en función de la oferta y la demanda, de la lógica del mercado”.
Recordó que las reformas en materia educativa no plantean el conocimiento, la formación y el desarrollo humano de los mexicanos como un bien en sí mismo, sino que su intención es abastecer el mercado de dotadores de conocimientos prácticos que respondan a las necesidades del mercado.
“Baste ver cómo la deserción escolar persiste, cómo los profesionistas son absorbidos por empresas foráneas aunque laboren en territorio nacional, cómo la riqueza continúa acumulándose en manos ajenas al bien nacional y común”.
Apuntó que no es de sorprender la resolución de la Suprema Corte de Justicia, ya que la Constitución General de la República ha sufrido múltiples mutaciones, en su mayoría atendiendo al modelo neoliberal y no al interés nacional.
“La legalidad no implica justicia, eso lo sabemos bien en nuestro país, en donde la realidad generalmente se contrapone al andamiaje jurídico que acaba pervirtiéndose por no obedecer a principios de interés nacional”.
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