MORELIA, Mich., a 23 de julio de 2015.- Debido a que algunas administraciones municipales consideran estar en estado de indefensión porque no saben cuáles son los requisitos para registrar la deuda pública, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán solicitó al órgano técnico del Congreso, dé a conocer a los Ayuntamientos el procedimiento correspondiente, así como las consecuencias legales de no hacerlo correctamente.
El presidente de la referida comisión, Antonio Sosa López informó que lo anterior fue acordado en reunión de trabajo por sus integrantes, luego de que en la misma se informara que funcionarios de diversos gobiernos municipales han buscado asesoría debido a que proveedores y contratistas, tanto de la administración en curso como de anteriores, están reclamando pagos.
Ante esa situación, y debido al inminente fin de las administraciones municipales, los representantes de los ayuntamientos han consultado si es posible liquidar adeudos con recursos del Capítulo 1000 de Servicios Personales, lo que está prohibido por la Ley, o si en su caso deben ser considerados como deuda pública, apuntó el legislador.
Al respecto, se indicó que el no pago a proveedores y contratistas solo puede deberse al uso incorrecto de los recursos públicos, o a que la autoridad gastó más de lo presupuestado, o incluso, a que hubo desvío de recursos.
En esos casos, la ley es clara y establece que quienes hicieron mal uso de recursos deben reintegrarlos a las arcas municipales; cabe señalar que sobre ese tipo de situaciones hay procesos en curso por parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
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