En México y estados como Michoacán es necesario profundizar en políticas públicas y acciones efectivas para combatir la pedofilia y los abusos sexuales contra menores de edad, de lo contrario estaríamos renunciando a la posibilidad de un futuro de sano desarrollo entre las personas, subrayó la legisladora Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la LXXII Legislatura local.
La legisladora perredista apuntó que en Michoacán recientemente se han suscitado elementos de alerta sobre la operación de redes de pederastas, por lo que las autoridades estatales deben intensificar las medidas que combatan de raíz este flagelo.
Recordó que a finales de 2013, trascendió la noticia del tráfico de menores michoacanos con fines sexuales que se cotizaban vía internet en renta y venta, “pese a que las autoridades estatales salieron a declarar que ya se combatía a la red de pedófilos, dos meses después, a finales de enero pasado, el Colectivo mexicano ProyectGoliath y Anonymous México señalaban que los sitios web seguían en operación”.
Portillo Ayala señaló conforme datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que por lo menos 80 mil niños son víctimas de pornografía y prostitución en México,
Refirió que las niñas y los niños, por su condición y por la relación tan desigual de poder que existe con los agresores, no tienen la capacidad de permitir, negarse o detener la violencia sexual, además que generalmente no pueden revelarlo por las amenazas de daño de los agresores o por el temor a las reacciones y rechazo de sus padres u otros familiares o personas conocidas.
Señaló que las y los diputados del Congreso han hecho su tarea en torno a generar marcos normativos que garanticen la protección de los menores, aunque corresponde al Ejecutivo del Estado la responsabilidad de que la norma aterrice en políticas públicas que se cristalicen en la realidad.
Recordó que en días pasados la Legislatura local reformó el Código Penal del Estado por lo que ahora se impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de cien a mil días de salario, a quien por medio de la violencia física o moral, tenga cópula o introduzca vía vaginal o anal cualquier parte del cuerpo humano o instrumento material, a una persona independientemente de su sexo.
“Cuando la víctima sea menor de edad se impondrán de diez a veinte años de prisión y multa de 300 a mil 500 días de salario mínimo general vigente”.
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