Por Hèctor Torres
El presidente municipal de Villa Jiménez, el síndico y el director de seguridad pública de ese municipio fueron denunciados penalmente por una ciudadana de origen estadounidense por los delitos de abuso de autoridad, secuestro y tortura; asimismo, las diputadas locales del Partido del Trabajo (PT), Mary Carmen Bernal Martínez y Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, pusieron en tela de juicio la efectividad del Mando Unificado porque “en la práctica está fallando”.
Sandra Gazca, originaria de California, Estados Unidos, denunció que el pasado 13 de noviembre fue detenida, sin cargo alguno, por el director de Seguridad Pública de Villa Jiménez, Roberto Murillo Hernández, y llevada a las instalaciones de Seguridad Pública donde fue brutalmente golpeada por el jefe policiaco.
Narró que ese día Roberto Murillo Hernández, apoyado por policías encapuchados, la sacaron del domicilio de un amigo. Le cubrieron la cara con una toalla mojada y con una bolsa de plástico, la patearon, la golpearon con puño cerrado, la arrastraron del cabello y Roberto Murillo le advirtió, amenazante, que él ahí era la ley.
A consecuencia de los golpes recibidos, Sandra Gazca tuvo fractura de clavícula, lesiones en la cabeza y moretones en todo el cuerpo.
La amenazaron, dijo, para que no presentara denuncia y le advirtieron que la golpiza que le dieron “era una probadita”; la Fuerza Ciudadana de Villa Jiménez, para amedrentarla, se pasea frente a su domicilio con patrullas y códigos encendidos.
Prácticamente a escondidas la sacaron de ese municipio para trasladarla a Morelia y denunciar los hechos acompañada por las diputadas y el asesor jurídico del PT, Salvador Rodríguez Coria.
Es preciso señalar que el Consulado Norteamericano fue informado de la situación de Sandra Gazca y está esperando respuesta de las autoridades mexicanas.
Mary Carmen Bernal Martínez y Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, diputadas petistas, señalaron que lo acontecido a Sandra Gazca no es un caso aislado, pero sí de los pocos casos de violencia contra la mujer que son denunciados.
Recordaron que desde el 2008 a la fecha se han registrado en Michoacán 760 feminicidios, “somos dos millones de mujeres en Michoacán y el 19 por ciento ha sufrido algún tipo de violencia”.
Pusieron en tela de juicio la efectividad del Mando Unificado pues, “en la práctica no opera, no está funcionando. Y demandaron la intervención del Secretario de Seguridad Pública de Michoacán para que se haga justicia.
Calificaron de una desgracia que la seguridad pública, uno de los fuertes problemas que enfrenta Michoacán, esté en manos de gente como Roberto Murillo.
Cabe mencionar que el nombre del alcalde denunciado es Arturo León y el síndico se llama Jaime León, “son primos”, mientras que Roberto Murillo Hernández en la anterior administración municipal, presidida por Luis Felipe León –hermano del actual alcalde- era subdirector de Seguridad Pública y hoy está al frente de esa corporación.
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