- El Grupo Parlamentario del PRI determinó presentar una reserva para que la Auditoría Superior de Michoacán realice una auditoría integral a la cuenta “Cargos por Aplicar”
La información con que se cuenta en la Auditoría Superior de Michoacán respecto a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado correspondiente al año 2014, es insuficiente para emitir algún pronunciamiento en favor o en contra, razón por la que el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado determinó apoyar el dictamen emitido por las comisiones, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez.
Entrevistada respecto al tema por diversos medios de comunicación en el marco de la sesión ordinaria de este jueves, la coordinadora de los legisladores priístas puntualizó que no es posible fiscalizar un ejercicio gubernamental, si sólo se tiene el 50 por ciento de la información, de ahí que sea necesario un trabajo más exhaustivo antes de emitir algún juicio.
La legisladora por La Piedad se pronunció por efectuar una minuciosa revisión de la cuenta 133, denominada “Cargos por Aplicar”, a fin de determinar con toda claridad el procedimiento que se utilizó para la aplicación de los recursos del erario público y llegar al conocimiento de la verdad respecto a la situación financiera por la que atraviesa el estado.
Con relación al tema, el Grupo Parlamentario del PRI determinó presentar reserva sobre el Dictamen correspondiente al Informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización y Evaluación de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, a fin de adicionar un artículo, en los siguientes términos:
Artículo 8º Se instruye a la Auditoría Superior de Michoacán para que en el ámbito de sus competencias, realice una auditoría integral a la cuenta “Cargos por Aplicar”, que abarque desde los orígenes de la misma hasta el ajuste realizado en el año 2014.
A pregunta expresa, Hernández Íñiguez aclaró que no se trata de formular acusaciones, sino evitar la toma de decisiones políticas para pasar a una fiscalización que permita saber si existieron abusos, pero también determinar si se hicieron bien las cosas, en un esquema de transparencia y rendición de cuentas.
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