- Presentó la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado
Morelia; Michoacán, 09 de noviembre de 2016.- “No sólo los poderes del Estado y los ayuntamientos estarán obligados a cumplir con la normatividad en materia de armonización contable y contabilidad gubernamental, sino que con la información que se genere y compare, los ciudadanos podrán con todo derecho evaluar rigurosamente los resultados de sus autoridades y de la misma manera tendrán en la contabilidad gubernamental un instrumento sumamente útil para la toma de decisiones, al basarse en reportes compatibles y congruentes”, sentenció el diputado tricolor Roberto Carlos López García.
Lo anterior, al presentar ante el pleno la iniciativa de Decreto por el que se reforman las fracciones XLII y XLIII del artículo 8, las fracciones IV y V del artículo 19, y se adicionan las fracciones XLIV y XLV al artículo 8, y la fracción VI al artículo 19 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios.
Roberto Carlos recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la responsabilidad de los servidores públicos en su Título IV. La responsabilidad de acuerdo al hecho o acto que se realice u omita, puede llegar a ser: política, penal, administrativa, civil o patrimonial. En ese sentido, en Michoacán la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, dispone en el Capítulo II lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, así como las obligaciones específicas a su encargo, empleo o comisión.
“Por ello, y con base en el compromiso social que tengo como legislador, y habiendo analizado las disposiciones federales y estatales en materia de transparencia, pero en especial las contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación con la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, y con el fin de armonizar las distintas legislaciones financieras, contables y de responsabilidades, dado que el erario lo constituyen las contribuciones de los ciudadanos y es administrado por los poderes del Estado y los ayuntamientos, y la obligación de que esté debida y jurídicamente protegido; es decir, que quien en su respectivo sistema de contabilidad gubernamental no registre los activos, pasivos, ingresos, gastos, deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y patrimonio del Estado, estará afectando directamente la rendición de cuentas y la transparencia en la administración del patrimonio de los michoacanos”, dijo el legislador del Grupo Parlamentario del PRI.
Finalmente dejó en claro que las acciones que emprenda el Congreso del Estado para prevenir y sancionar la falta de transparencia en la contabilidad gubernamental y armonización contable, no deben llevarse a cabo en forma aislada o fragmentada, sino conformarse armónicamente como un sistema que establezca la sanción administrativa mínima y máxima con el objetivo de prevenir los posibles actos, omisiones y hechos que rompan con los principios de certeza, eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como con la obligación de transparencia y rendición de cuentas, para dar a conocer a los ciudadanos la situación patrimonial y presupuestal que realmente guarda el Estado.
Por otro lado el diputado priísta presentó un posicionamiento con relación al Acta solemne de la Independencia de la América Septentrional, la cual, dijo, demuestra que la revolución iniciada por Hidalgo y que en ese momento encabezaba el hombre que nació en el jardín de la Nueva España, tenía el propósito indeclinable de independizarse de España, hecho que una vez logrado habría de requerir de un Estado nuevo con estructuras también nuevas, que garantizaran las libertades y la igualdad ante la ley. “Justamente por eso, el Congreso emitió en octubre de 1814 el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, en Apatzingán, y creó el Poder Judicial en marzo de 1815, en Ario de Rosales”, recordó.
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