De acuerdo al Informe 2016 de Transparencia Internacional, México descendió hasta la posición 123 de 176 países en el ranking de corrupción gubernamental.
Al reconocer que la eliminación del fuero es un paso trascendental en este esfuerzo nacional por combatir la corrupción desde los distintos niveles de gobierno, el coordinador de los diputados del PAN Carlos Quintana Martínez pidió al Congreso local dar los pasos necesarios en la implementación de un fortalecido Sistema Estatal Anticorrupción.
Para ello, indicó, es oportuno seguir el ejemplo de entidades como Jalisco, Querétaro y recientemente de la Ciudad México, en donde ya no existe inmunidad para los funcionarios públicos y ahora se encuentran al escrutinio absoluto en su función como servidores del pueblo.
Quintana Martínez externó su preocupación ante el incremento de percepción ciudadana sobre corrupción en el sector público, lo que quedó de manifiesto en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 elaborado por Transparencia Internacional, puesto que México descendió hasta la posición 123 de 176 en el ranking de corrupción gubernamental.
Aunado a ello y toda vez que en 2015 más del 90 por ciento michoacanos consideraron que hay mucha corrupción en el aparato de gobierno, “es una obligación del Congreso local consolidar un Sistema Estatal Anticorrupción que elimine la desigualdad social, mejore la distribución del recurso público y que haga eficiente la gobernabilidad y la función de las instituciones”, asestó el legislador panista.
A su vez y de aprobarse su iniciativa para eliminar el fuero, el coordinador parlamentario aseguró que Michoacán dará pasos firmes para superar las debilidades institucionales y financieras por las que atraviesa, además de impulsar el desarrollo social y el acceso a una vida más justa para los michoacanos.
Finalmente Quintana Martínez reconoció el momento histórico que tiene la 73 Legislatura de aprobar un marco legislativo eficiente, acorde a las necesidades y demandas de la sociedad michoacana pero sobre todo, que devuelva a la ciudadanía el poder de decisión sobre el rumbo que debe tomar la entidad.
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