- La propuesta presentada por la diputada Laura González Martínez, indica que las autoridades deberán presentar al Congreso, un informe y una propuesta de modelo de protección integral para niños, niñas y adolecentes.
Morelia, MICH., a 29 de julio de 2014.- En sesión extraordinaria, el Pleno de la LXXII Legislatura aprobó la propuesta de Acuerdo mediante la cual se exhorta al Ejecutivo del Estado para que a través del Sistema DIF, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social, elaboren un censo detallado de cada albergue infantil o de adolecentes, público o privado.
El censo deberá contener también un número detallado de población, género, situación económica, origen, historial psicológico y antecedentes familiares, para en el marco del respeto a los datos personales y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, rindan en el plazo de 90 días hábiles un informe al Congreso y una propuesta de modelo de protección integral de los niños, niñas y adolescentes para el Estado de Michoacán.
La Propuesta de Acuerdo, fue presentada por la diputada Laura González Martínez, quien destacó que sólo a partir de datos oficiales, actualizados y reales, se puede empezar a dimensionar el tamaño de la problemática y diseñar un modelo de integral de protección de la niñez.
La legisladora recordó que el reciente caso del albergue La Gran Familia, que dirigía la señora Rosa María del Carmen Verduzco Verduzco, “destapó la cloaca, no de un albergue, sino de todo un sistema social, institucional y político que impide el correcto de desarrollo de los niños”.
Por tanto, dijo es indispensable saber cuántos más de los refugios o albergues están en estas condiciones, “sólo conociendo y teniendo en cuenta las condiciones del entorno familiar, social y cultural de niños, niñas y adolescentes nos permitirá construir oportunidades para que puedan desarrollar sus capacidades en seguridad y libertad”.
Agregó, que un primer aspecto es poder establecer o cuantificar a los niños y niñas que están en una situación extrema en términos de las carencias materiales y emocionales de su entorno; en cuanto se trata de una situación que está en la base de la generación de riesgos para su normal desarrollo.
“Debemos pensar que los intereses de los menores están ineludiblemente ligados a su realidad, al entorno dentro del cual se genera tanto la situación de vulnerabilidad como la atención, la protección, la promoción y la defensa de sus derechos”, añadió.
La legisladora quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXII Legislatura, subrayó que la función del Estado es detectar las necesidades sociales y crear las instituciones que puedan responder a esa demanda.
Nuestra función como agentes de cambio, dijo, es hacer que posible los niños y niñas accedan a sus derechos. “Para eso tenemos que modificar las condiciones estructurales, coyunturales y actitudinales en las instituciones, y las interacciones personales que lo impiden”.
Por ello, indicó, el Estado debe diseñar un paradigma para la Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, empezando por reconocer en ellos condiciones especiales de vulnerabilidad y por lo tanto necesidades de protección determinadas.
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