Morelia; Michoacán, 15 de febrero de 2017.- El Pleno de la LXXIII Legislatura otorgó el “ha lugar”, para su análisis y discusión a cuatro iniciativas de reforma constitucional en materia de procuración de justicia, con el propósito de fortalecer el Sistema Anticorrupción, al considerarlas procedentes para su estudio y dictamen.
Los dictámenes presentados por la Comisión de puntos Constitucionales que preside la diputada Rosa María de la Torre, e integran Miguel Ángel Villegas, Manuel López Meléndez, Mary Carmen Bernal y Jeovana Alcántar Baca, señalan que las cuatro iniciativas son viables para análisis y dictamen toda vez que no contradicen principios, atribuciones y derechos fundamentales previamente consagrados en la propia Constitución.
Se otorgó el “ha lugar” a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política presentada por la diputada Andrea Villanueva, mediante la cual se propone transformar la figura del Procurador General de Justicia del Estado, así como su procedimiento de designación. Por lo que la comisión dictaminadora consideró que va en congruencia con el modelo de la Fiscalía General de Justicia, además de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el estatal, en el que se prevé que la Fiscalía será un organismo autónomo, con presupuesto propio, que hará las funciones del Ministerio Público y de la actual Procuraduría.
Asimismo, se declaró procedente la iniciativa que reforma el artículo 95 de la Constitución Política, presentada por la diputada Belinda Iturbide Díaz, quien propone adecuar la estructura y normatividad local vigente del Tribunal de Justicia Administrativa con la legislación federal en materia de anticorrupción, misma que al igual que las otras iniciativas, fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio, análisis y dictamen.
De igual forma, a la propuesta presentada por el diputado Carlos Quintana se le fue otorgado el “ha lugar” a discusión la iniciativa que propone reforma el Decreto Legislativo 555, a fin de dotar de suficientes magistrados al Tribunal de Justicia Administrativa para atender las nuevas competencias en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Propuesta que a decir los diputados integrantes de la comisión dictaminadora se encuentra en congruencia con la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y su homólogo estatal.
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