La integración de un nuevo Gobierno en el Estado de Michoacán es una oportunidad para profundizar el proceso de recuperación institucional, económica y social, cuyo fin es mejorar las condiciones de vida y el bienestar de todos los ciudadanos.
Las michoacanas y los michoacanos, comprometidos con este proceso, haremos nuestro mayor esfuerzo para modificar las políticas, las actitudes y las conductas que nos llevaron a vivir la crisis más grave de nuestra historia reciente y que pone en riesgo la función sustantiva del Poder Público.
Para ello debemos empezar por cambiar algunas reglas básicas de la actuación del gobierno y de la relación entre éste y la sociedad, es necesaria una mano firme que corrija el rumbo en el timón para dar sentido y seguridad al futuro de Michoacán.
El cumplimiento irrestricto de la ley es el deber esencial del Gobierno y tiene que ser la guía de todas sus acciones. Nada al margen de la ley.
Al cumplir, rigurosamente, el gobierno con lo que dispone la ley tendrá la autoridad moral y política plena para convocar a los ciudadanos a respetar la ley y a apoyar su aplicación invariable como medio para alcanzar la justicia.
Sin Estado de Derecho no puede haber democracia ni justicia; sin cultura de la legalidad la sociedad no puede gozar a plenitud la libertad y la paz, ni podrá alcanzar un desarrollo equitativo.
El compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes, que manifesté al asumir el honroso cargo de gobernador, lo asumo como un compromiso de honorabilidad que guiará todos mis actos como depositario del Poder Ejecutivo y una exigencia a todos los integrantes del gobierno, que una vez cumplida nuestra responsabilidad, habremos de integrarnos a la sociedad y seguir aportando el esfuerzo individual para, juntos, fortalecernos y construir nuestro futuro.
Un gobierno democrático tiene el respaldo social cuando la rendición de cuentas y la transparencia en su actuar son el sustento de sus actos gubernamentales.
El poder que el pueblo otorga a la representación popular está condicionado a la evaluación y a la percepción ciudadana, se gobierna obedeciendo la disposición jurídica, es un mandato limitado por la ley y sujeto al escrutinio de los michoacanos, por medio de los mecanismos de control, vigilancia, crítica y participación ciudadana.
Una primera tarea de mi gobierno es ordenar la administración conforme a las normas administrativas y contables vigentes, para garantizar un ejercicio eficiente de los recursos públicos y una rendición de cuentas rigurosa, clara y transparente.
Con honestidad y transparencia, este gobierno rendirá cuentas al Poder Legislativo y a la misma sociedad. No solamente después del ejercicio del gasto, por medio de los informes periódicos y la Cuenta Pública que entrega al Congreso del Estado, sino también durante el ejercicio administrativo por medio de la Coordinación de la Contraloría, que debe actuar con autonomía técnica, con rigor legal y sin ataduras políticas. Por esa razón he designado a un Contralor del Gobierno de Michoacán a propuesta de grupos ciudadanos.
Estas son las premisas básicas de nuestra acción pública. Todo servidor público que esté al frente de las responsabilidades de esta administración está obligado a observarlas porque el Gobierno debe servir a la sociedad y sólo eso. Debe quedar bien claro: no se tolerarán actos en la administración pública fuera de la ley.
Para superar a fondo muchos de los problemas que aquejan a Michoacán, es necesario impulsar el desarrollo social.
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