Isidro Galicia/ÁGORA POLITICA
La producción de la violencia es una reacción innata a los intereses de la delincuencia. Las razones que articulan los movimientos violentos en la tierra caliente de Michoacán, solo se explican ante la presencia territorial de células del crimen organizado, que aún dominan en pequeños polígonos urbanos y comunitarios de esta zona de la entidad. La reedición de la violencia pública en Michoacán, una vez más, se concentra en las regiones tradicionales del conflicto, donde se focalizan zonas empobrecidas y marginales.
La criminalización de la violencia, se ha fundado en una serie de diagnósticos, análisis y evaluaciones a partir de las estadísticas del delito, de las cifras de la victimización y del financiamiento público para combatir la inseguridad. Todo se sustenta en las consecuencias, más no en las causas que originan los delitos. La tierra caliente, como otras zonas del país, se sitúa en condiciones socio-económicas paupérrimas, el desempleo rampante y la marginación urbana, que hace de la violencia, un factor de exclusión social.
Desde la cultura de la violencia, las zonas marginales son polígonos idóneos para generar condiciones delictivas, de reproducir las conductas criminales y profundizar el rompimiento del mosaico social. A pesar de las políticas públicas en materia de la prevención de los delitos, el mal congénito de la violencia se sitúa en las condiciones excluyentes y marginales, en las que vive la mayor parte de la población de la tierra caliente. Las alternativas para restituir el tejido social, son ineficaces, en cuanto no se sitúe a la violencia pública, como un fenómeno social que se funda en el empobrecimiento de la población.
Si bien, hoy las células criminales son los generadores de la violencia pública, no debe obviarse que la violencia requiere de condiciones específicas para su aparición y la pobreza es una de ellas. Hoy, Michoacán está lejos de ser un estado modelo en materia de seguridad. Las acciones implementadas hasta el momento, por los diferentes niveles de gobierno, se diseñaron bajo la lógica de atender zonas de conflicto criminal y de domino delincuencial; sin embargo, estas medidas solo retrajeron la violencia, no la exterminaron.
Michoacán vive un nuevo episodio de violencia. La aparición de actos delictivos en diferentes puntos de la geografía michoacana, exhiben solo el maquillaje gubernamental para atender las causas. El gran desafío del siglo XXI es la disminución de la pobreza y modificar el actual modelo económico que segrega a la sociedad. Ningún presupuesto será suficiente para combatir la violencia, mientras no se sitúe a ésta como un asunto de inclusión social, antes que criminal.
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