- La también comunicóloga de profesión, reconoció que Michoacán se posiciona como una de las zonas de alta peligrosidad para quienes ejercen el periodismo en el país.
Ante las condiciones de inseguridad por las que atraviesa Michoacán y de manera especial, a las que se enfrentan los periodistas en su ejercicio profesional, la presidenta del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado, Andrea Villanueva Cano, pidió a este Poder Legislativo acelerar la discusión de la iniciativa que presentó hace más de 13 meses y que busca la creación del delito conminación lesiva.
Con esta reforma al artículo 188 del Código Penal del Estado de Michoacán, el Congreso local “estaría mandando un mensaje de respaldo a los michoacanos que en el ejercicio de una profesión con alto sentido social, han visto amenazada su integridad, su patrimonio y la seguridad de ellos y sus familias”.
Y es que de acuerdo a la organización Artículo 19, México ocupa el tercer lugar como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, mientras que Michoacán, se encuentra como una de las entidades de alta peligrosidad para quienes trabajan en esta profesión.
Las razones, señaló la representante panista, la omisión de las autoridades judiciales y la impunidad con la que siguen actuando los delincuentes en nuestro estado, escenario ante el cual reiteró el llamado a las Comisiones que analizan su propuesta para reformar el Código Penal y crear el delito de conminación lesiva para todo aquel que amedrente, amenace o intimide a cualquier persona por realizar actividades periodísticas.
Villanueva Cano consideró que más allá de discursos, los Poderes del Estado tienen el deber de trabajar para prevenir asesinatos como del que ya han sido víctimas por lo menos 7 periodistas en nuestro país en lo que va del 2017, sumado a estos ataques el secuestro del comunicador michoacano Salvador Adame y del que a 17 días de este atentado sigue sin conocerse su paradero.
Finalmente la también comunicóloga de profesión, refrendó su interés de impulsar desde el Congreso local, las leyes y reformas que sean necesarias para garantizar la libertad de expresión no sólo como un derecho humano universal, sino como una manera de seguir construyendo una sociedad más libre, más justa y capaz de tomar las mejores decisiones para el bienestar de todos.
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