La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados pidió al gobierno federal incautar los bienes que de manera ilícita acumuló el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
A través de la diputada Isaura Pool, los legisladores perredistas enfatizaron que si los delitos imputados al ex mandatario, como el lavado de dinero, podrían permitir que enfrente su proceso en libertad, la autoridad debe asegurarse de que las propiedades y riqueza generada a partir del uso irregular de recursos públicos, sean recuperados para resarcir el daño que le causó a la entidad.
La congresista indicó que el proceso judicial contra Borge Angulo debe ser “claro y sin trucos” y sin permitir que el inculpado evada su responsabilidad, aprovechando los términos del nuevo sistema penal, que no contempla el lavado de dinero como un delito grave.
“Se trata de que no sea sólo una cuestión mediática que sirva como distractor ante las pasadas elecciones, Quintana Roo necesita que se haga justicia y que este caso, en lo particular, sea un parteaguas ante tanta corrupción e impunidad, por eso considero que se podría empezar por incautar los bienes de Borge como una garantía de que el proceso será claro y sin trucos”, insistió.
La también secretaria de la Mesa Directiva de San Lázaro, subrayó que es preciso revertir el daño patrimonial causado por el priísta, señalado por adquirir bienes a bajo precio y de disfrazarlos a través de prestanombres, así como para beneficiar proyectos turísticos irregulares.
Manifestó que en realidad se pretende aplicar la ley al ex gobernante de Quintana Roo, la Procuraduría General de la República (PGR) debe insistir en la extradición y solicitar a un juez que, en cuanto sea procedente, que se dicte la prisión preventiva, ante la posibilidad de que pueda darse a la fuga nuevamente.
Pool Pech señaló que Borge está acusado de desviar recursos públicos y de incrementar la deuda del estado de 10 mil 37 millones a 22 mil 442 millones de pesos.
A esto se suma el uso de la estructura de gobierno para despojar a propietarios de inmuebles, a través de “juicios amañados”, con el fin de beneficiar a inversionistas y a sí mismo, por medio de “prestanombres”.
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