La Oficina del Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó el Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, como parte de la misión de trabajo que realizó en México del 29 de agosto al 7 de septiembre del 2016.
El organismo internacional destacó que una preocupación que se expresa repetidamente en este documento es que el Estado está sujeto a los intereses de las empresas y que en la práctica no se aplican los marcos de políticas ni se cumplen los compromisos, ello con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Otras preocupaciones básicas guardan relación con los derechos laborales y la capacidad del gobierno de supervisar eficazmente el cumplimiento de las normas laborales y ambientales. La urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad.
Al respecto, la ONU-DH destacó que el gobierno todavía no ha trazado pautas claras, ni ha fijado expectativas definidas para la empresa en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, tanto en México como en el extranjero.
Además, actualmente el gobierno no dispone de pautas y políticas claras para que las empresas de titularidad pública den ejemplo y el Estado ejerza su influencia para modificar la conducta de las empresas mediante las prácticas de contratación pública.
Ante ello, el Grupo de Trabajo recomendó al gobierno fomentar la capacidad de los funcionarios públicos y los legisladores respecto de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y los haga más conscientes de esos principios y que garantice la celebración de consultas previas e informadas con las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales, que deberán iniciarse lo antes posible en el proceso de determinación de los diseños de los proyectos y de evaluación de sus efectos, entre otras cosas impartiendo instrucciones a los funcionarios públicos acerca de este requisito.
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