La diputada hizo un llamado para que el presidente electo y su equipo de transición transparenten dicho ejercicio ciudadano
Morelia; Michoacán, 24 de octubre de 2018.- El presidente electo de la República Mexicana y su equipo de transición deben transparentar y aclarar la base de la legalidad de la “consulta ciudadana” para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), además de informar sobre la metodología para la elección de la muestra y la formulación de la pregunta que se haga a los ciudadanos, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez.
En ese sentido, la legisladora tricolor recordó que la Constitución Política reconoce en su artículo 35, fracción VIII, el derecho de los ciudadanos a votar en este tipo de ejercicios; así como las bases a las que se deberá apegar su realización, las cuales señalan que estos ejercicios deberán de ser convocados por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras y los ciudadanos en un número equivalente de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal.
Además, estipula que serán vinculatorias cuando la participación total corresponda al menos al 40% de la lista nominal. La constitución señala que será el Instituto Nacional Electoral quien tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados y se realizarán el mismo día de la jornada electoral federal.
Al respecto, Hernández Íñiguez consideró que la metodología propuesta por el equipo de la administración federal entrante, dista de enmarcarse en la normatividad prevista para las consultas populares, por lo que su validez y vinculación institucional carecen de firmeza legal, toda vez que el ejercicio es financiado y organizado por el propio equipo de transición o integrantes de MORENA, “lo que deja en duda la imparcialidad de la consulta en sí misma”.
Agregó que de acuerdo a lo que marca la ley, también hay que poner especial atención a la representatividad del número de boletas que se imprimirán – entre 500 mil y un millón, de acuerdo con la información difundida por el equipo de transición – que equivaldría a menos del 1 por ciento del listado nominal de electorales, en comparación con el 40% que la ley solicita para hacer vinculante una decisión tomada por este mecanismo.
“Además hay que resaltar que tampoco se presentaron mecanismos para garantizar la protección de los datos personales de los participantes, así como para evitar que puedan ser usados con otros fines distintos a los convocados”, enfatizó.
Finalmente, la congresista, integrante de la 74 Legislatura, también hizo un llamado para que se informe qué parte del monto del presupuesto destinado para el Fideicomiso de Transición 2018 ha sido y será usado para fines de planeación, instrumentación, evaluación y entrega de resultados de la consulta para el Nuevo Aeropuerto.
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