El caso del secuestro masivo de migrantes ocurrido el pasado 3 de noviembre en Veracruz, y que luego fueron entregados a integrantes del crimen organizado en algún lugar desconocido en Puebla, ya no es solo el dicho de un ombudsman estatal. Ahora, es un caso oficialmente investigado por la Fiscalía General de Puebla, que cuenta con pruebas del delito.
En el expediente, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) —un organismo público autónomo— volcó los testimonios de tres testigos del secuestro. Una de esas personas, cuya identidad permanece desconocida por su seguridad, reveló en una frase la magnitud de lo que estarían viviendo aquellos centroamericanos privados de su libertad en México: «65 niños y siete mujeres fueron vendidos».
Los nuevos detalles del secuestro apuntan a que los criminales aprovecharon que la tarde del 3 de noviembre, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, retiró su ofrecimiento de 150 camiones gratuitos para que la caravana no tuviera que caminar hasta la Ciudad de México por un territorio donde cientos han desaparecido, producto de la corrupción de las policías municipales asediadas por la guerra entre Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El anuncio tardío del gobernador, casi al tiempo del anochecer, angustió a los migrantes que se quedarían a intemperie en esa zona tan peligrosa. Coincidentemente, llegaron tres vehículos a «auxiliarlos»: un camión con anaranjado, placa KY 88 765 del estado de México; otro, placa GX 3391C de Guerrero; y una camioneta, placa KXC 7906, según la indagatoria.
A diferencia de los que conductores que ayudan a los migrantes y que usan vehículos con la batea abierta, la caja de esos camiones estaba cerrada con candados para que desde el exterior no se viera qué o quiénes transportaba.
Fuente: Huffpost
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