Tere Mora exhorto para que áreas de seguridad respeten derechos humanos en sus actuaciones

• La legisladora solicitó a la SSP y PGJE que en sus acciones siempre antepongan la presunción de inocencia a fin de salvaguardar derechos de los ciudadanos.

Morelia, Mich. a 5 de diciembre de 2018.- La integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Teresa Mora Covarrubias, presentó un exhorto al Pleno del legislativo estatal a fin de solicitar el absoluto respeto a los derechos humanos de los ciudadanos en las distintas actuaciones de las instancias de seguridad dependientes del ejecutivo estatal.

En su exposición de motivos, la legisladora, solicita a los titulares del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ser garantes del respeto a los derechos de los ciudadanos durante sus acciones de prevención del delito y de prevención y administración de la justicia.

De la misma manera, Tere Mora, hizo el llamado a las instancias de seguridad estatal a fin de que en sus actuaciones pongan especial énfasis en la tutela de los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la libertad personal, a la integridad física y psíquica.

“Desde luego, respetamos y apoyamos las acciones en pro de la prevención del delito y la procuración de justicia que lleven a cabo las autoridades del Estado de Michoacán, siempre y cuando estas se hagan respetando las reglas mínimas que mandatan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Derecho Internacional”, aseguró Mora Covarrubias.

En el Pleno, la legisladora petista enumeró diversos casos de flagrante violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, razón por la cual invitó a que se haga un análisis de la situación que se vive en la entidad y se reconsidere el actuar de algunos elementos de seguridad en el estado.

Finalizó diciendo que el PT está consciente de que la paz, la prosperidad y el desarrollo integral se concretarán cuando se logre disciplinar a los actores públicos, pues están sujetos a los mandatos constitucionales y convencionales de tutela efectiva de los Derechos Humanos.