Morelia, Mich., 16 de diciembre de 2014.- Ante el deterioro de las casas de asistencia social y la poca información que se tiene sobre sus condiciones y operatividad, el diputado local Antonio Sosa López presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán.
La propuesta del legislador del PRI da cauce a la iniciativa que en ese sentido presentó recientemente el joven Miguel Arroyo, integrante del Segundo Parlamento Juvenil 2014, evento promovido por el Congreso del Estado.
En su intervención ante el Pleno del Congreso del Estado, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos argumentó que al no estar contemplado en la legislación lo referente al debido funcionamiento y control de las Casas de Asistencia Social, se han presentado irregularidades como la Casa de la Gran Familia en Zamora.
Señaló que actualmente, la Junta de Asistencia Privada es la instancia responsable de regular y sancionar a las Casas de Asistencia Social (casas cuna, internados y estancias de geriatría). La poca información obtenida al respecto, arroja que en los últimos 10 años, se ha mostrado un deterioro en los albergues de niños, prueba de ello, el caso en mención, dijo en tribuna.
De la misma forma, consideró necesario que se verifiquen las condiciones en que se encuentran las estancias de geriatría.
Expresó la necesidad de establecer las políticas públicas y lineamientos necesarios para que aquellos adultos mayores que no cuenten con una familia, o aun contando con ella, tengan la necesidad de permanecer en una casa de retiro o estancia geriátrica, reciban los cuidados debidos y adecuados para su seguridad y atención.
Dio cuenta de un trabajo de investigación emprendido para conocer el estatus de las estancias, casas de asistencia y hogar en la entidad, del cual se desprende que no se tiene un registro exacto del número de personas que se encuentran en estos inmuebles y de la condición en que viven.
Sosa López informó que para el trabajo en cuestión, se solicitó una cita con la Junta de Asistencia Privada para poder obtener información detallada con precisión, de la que se obtuvo nula respuesta “más aún al expresarles cuál era el fin de lo solicitado”.
Dijo que el único dato que se obtuvo fue a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, que indica lo siguiente: “80 mil niños y adolescentes están en riesgo; son maltratados; viven en las calles; adictos a las drogas, explotados sexual o laboralmente”. No obstante, se carece del registro de datos actualizados.
Sosa López anotó que lo que se persigue con esta iniciativa es conocer la regulación y funcionamiento real de las casas de asistencia social en Michoacán, a través de la cual se plantea designar un órgano gubernamental responsable de las casas de asistencia social, teniendo facultades para realizar las sanciones respectivas a los encargados de los albergues, y si llega a ser necesario, cerrarlos.
Un segundo planteamiento es la creación de un Comité de Vigilancia encargado de las casas de asistencia social en todo el estado de Michoacán.
En estos órganos se contempla la activa participación del Sistema DIF Michoacán, la Secretaría de Educación en el Estado, la Dirección de Protección Civil, entre otras dependencias.
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