Morelia, Michoacán, a 31 de enero del 2025.- En un esfuerzo por fortalecer el marco normativo que rige la movilidad en Michoacán, el diputado Hugo Rangel, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la 76 Legislatura, sostuvo una reunión con representantes del sector transportista, la titular del Instituto de Transporte de Michoacán María Helena Huerta y el diputado Juan Carlos Barragán.
Durante el encuentro, se abordó la necesidad de revisar la Ley de Movilidad seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo y el reglamento que de esta emana.
Aquí se coincidió en que la validación del reglamento, en sus términos actuales, implicaría una convalidación tácita de una legislación que ha generado amplio descontento, al evidenciar un desfase entre la normatividad y las condiciones reales del transporte en el estado.
Ante la controversia que a consideración del diputado Hugo Rangel ha suscitado la Ley de Movilidad, el legislador subrayó “la imperante necesidad de analizar a profundidad qué elementos de la ley son susceptibles de mejora y destacó que toda legislación es perfectible”.
En ese sentido, insistió en que el desarrollo de un reglamento debe ir acompañado de una revisión integral de la ley misma, a fin de incorporar las observaciones de transportistas y ciudadanos.
“Si bien, las voluntades aquí están y por eso estamos reunidos y trabajando en coordinación, quiero que quede claro que una propuesta de reforma a la Ley de Movilidad pasa por un tema de voluntad política del Ejecutivo”, enfatizó el legislador.
En este contexto, hizo un llamado a la administración estatal para actuar con sensibilidad y apertura frente a las legítimas preocupaciones de quienes cotidianamente hacen uso y brindan servicio en el sistema de transporte michoacano.
Asimismo, se abordó el reciente fallo judicial que declaró inconstitucional el apartado de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial referente a plataformas digitales, lo que ha generado incertidumbre jurídica en el sector. En la sentencia, explicó, “se reconoce que empresas como Uber pueden operar bajo un permiso federal, aunque deberán contribuir con los impuestos que correspondan al estado. El juez de distrito subrayó que, al tratarse de acuerdos entre privados, no puede imponerse una regulación que contravenga principios constitucionales de libre competencia. Esto refuerza la necesidad de reformular el marco normativo estatal”.
Como resultado de este ejercicio de diálogo, se acordó la instalación de una Mesa Técnica que permita sistematizar las inquietudes del sector y encauzarlas en una propuesta legislativa robusta, equitativa y operativa. En este contexto el diputado Hugo Rangel reafirmó su compromiso con la construcción de un modelo de movilidad más justo y eficiente, donde la normatividad no solo ordene y regule, sino que genere condiciones favorables tanto para los transportistas como para los usuarios.
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