- A propuesta de los diputados Sebastián Naranjo Blanco y Laura González Martínez, en sesión de Pleno de la LXXII Legislatura será presentada dicha iniciativa, así como diversas derogaciones a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado.
Morelia, Mich., Diciembre 03 del 2014.- Con la finalidad de proteger y vigilar la aplicación de los derechos humanos de quienes habitan los centros de reclusión en el Estado, los diputados Sebastián Naranjo Blanco y Laura González Martínez adelantaron que para la sesión legislativa del próximo 04 de diciembre, presentarán ante el Pleno de la LXXII Legislatura, una Iniciativa de Ley de Centros de Reclusión para Michoacán, así como diversas derogaciones a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado.
Al respecto, señaló que un aspecto gubernamental que hace falta por atender y vigilar es en cuanto a la aplicación y protección de los derechos humanos, por lo que a raíz de la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia, los legisladores consideraron necesario trabajar también en la siguiente fase del proceso judicial, es decir, el tiempo que permanecen las personas recluidas con motivo de la sentencia impuesta.
Naranjo Blanco consideró que el proceso de entrenamiento de las personas que cumplen una sentencia deberá partir del principio de que la comisión de un delito le impone una pena privativa de la libertad, perdiendo sólo ésta última pero no así su dignidad, por lo cual el proceso de reclusión deberá contemplar mejores condiciones técnicas, profesionales, sociales y de convivencia que realmente permitan que dicho proceso cumpla su cometido inicial.
Explicó también que anteriormente, la visión de la reclusión era de readaptación pero ahora con la nueva legislación, la visión es de reinserción, no que implica sólo un cambio de denominación, sino debe ser un cambio de cultura en el proceso de reclusión , por lo que con esta propuesta legal lo que se pretende es que a partir de que la persona pierde su libertad, no pierde su libertad de contar con un procedimiento que le procure oportunidades para su reinserción a la vida social, además de que tengan oportunidades que les permitan ser más productivos en beneficio de la sociedad y que no se vean obligados a delinquir o dedicarse de lleno a una vida delictiva.
Entre sus novedades, destacó el hecho de que un consejo técnico interdisciplinario evalúe los expedientes técnicos individuales para decidir si el procesado puede ser sujeto a un beneficio de pre liberación, así como la creación del Instituto de Reinserción Social del Estado.
Este Instituto tendrá como facultades no nada más darle seguimiento a la persona reclusa durante el tiempo que purgue su pena, sino también en el proceso post penitenciario, lo que permite que la persona una vez que recobra su libertad, pueda tener un seguimiento y conocer su evolución, su comportamiento y qué contribución es capaz de dar a la sociedad, evitando con ello una reincidencia.
Se prevé asimismo que pueda haber Centros de Reclusión Preventiva, de Ejecución de Sanciones Penales, Centros de Alta Seguridad, Centros de Rehabilitación Psicosocial y Centros de Sanciones Administrativas, con la finalidad de que haya una división en cuanto a la situación y gravedad de los delitos cometidos.
Enfatizó que la idea es poder separar a las personas primo delincuentes, a jóvenes mayores de 18 pero menores de 30 años, a quienes representan alta peligrosidad y a quienes por alguna deficiencia metal o psicosocial pueden tener un espacio o un tratamiento distinto y también un espacio para personas con alguna otra discapacidad, a fin de que el tratamiento sea de manera específica.
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