Morelia Michoacán, agosto de 2025.- El doctor José Luis Baltazar Vega, médico de 77 años de edad, denunció públicamente haber sido víctima de un fraude procesal en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 1 de Morelia, donde —asegura— se falsificaron notificaciones, domicilios y representaciones legales para despojarlo de su patrimonio y poner en riesgo su fuente de trabajo.
De acuerdo con la denuncia del ciudadano, los hechos comenzaron cuando un albañil, con quien únicamente había realizado trabajos menores “a destajo”, interpuso una demanda laboral en su contra. Sin embargo, en lugar de emplazarlo en su domicilio real, en la calle Agrarismo #33, colonia Centro, las autoridades judiciales aceptaron un domicilio inexistente en la calle Durango #329, colonia Molino de Parras, número que —según certificaciones del Ayuntamiento y del Ministerio Público— nunca ha existido.
“Un notario, el propio Ayuntamiento de Morelia y agentes ministeriales dieron fe de que ese domicilio ficticio no existe; aun así, la Junta ignoró estas pruebas y permitió que me emplazaran falsamente”, señaló Baltazar Vega.
El afectado asegura que durante el procedimiento judicial se cometieron múltiples irregularidades:
Notificaciones inexistentes: Un actuario reportó no haber podido localizarlo, mientras que otra actuaria afirmó haberlo emplazado en la banqueta del domicilio falso.
Falsa representación legal: Una persona identificada como José Padilla Alegre se presentó como abogado en su nombre, sin poder, identificación, ni cédula profesional. Aun así, la Junta validó su participación.
Alteración de documentos oficiales: En el procedimiento se señaló incluso a su hijo, que en ese momento tenía apenas 12 años, como responsable de una obra, a pesar de que existía una arquitecta registrada formalmente en el expediente.
Baltazar Vega sostiene que todo esto ocurrió con el conocimiento y tolerancia de funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje, señalando nombres de actuarios y litigantes involucrados.
Tras promover un amparo, un tribunal colegiado le concedió la protección de la justicia federal, reconociendo irregularidades en el proceso. Sin embargo, asegura que la Junta insistió en repetir los mismos vicios legales, nuevamente sin notificarlo personalmente y llevándolo a un nuevo intento de remate de su consultorio, que representa su única fuente de trabajo y sustento para su familia.
El denunciante acusa también omisiones del Ministerio Público, pues afirma que a pesar de haber acreditado con documentos oficiales la inexistencia del domicilio utilizado en su contra, la fiscalía se negó a investigar a fondo y archivó el expediente.
“Yo tengo 77 años, soy de la tercera edad y sigo manteniendo a mi familia y los estudios de mis hijos con el trabajo de mi consultorio. Pido el auxilio de las autoridades competentes para que se enderece la ley que ha sido quebrantada varias veces en mi contra”, expresó.
El expediente laboral señalado es el 1B-940/2014. Baltazar Vega asegura contar con más de 15 testigos, además de recibos de predial, CFE y OOAPAS, que acreditan que siempre ha residido en la calle Agrarismo, colonia Centro de Morelia, y no en la dirección ficticia que se usó para despojarlo de sus derechos.
La denuncia, que ya ha sido llevada ante instancias federales mediante amparos, busca visibilizar lo que el ciudadano califica como un acto de corrupción y colusión entre particulares y funcionarios que atenta contra su patrimonio, su trabajo y su familia.
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