Morelia, Mich., 2 de abril de 2014.- La iniciativa de reforma constitucional en materia de fiscalización y rendición de cuentas, enviada por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, será fundamental para la transformación de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), porque ésta se convertirá “en un freno y unos dientes” que tendrá el Congreso de Michoacán para la verificación del manejo y la aplicación adecuada de los recursos públicos, resaltó el diputado Juan Carlos Orihuela Tello.
El presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán de la LXXII Legislatura, quien siempre se ha pronunciado por una reforma integral al órgano fiscalizador del Congreso del Estado, y hoy celebra la decisión del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, apuntó que una vez que la propuesta de reforma constitucional llegó al Legislativo, deberá presentarse al Pleno y, posteriormente, turnarse a las comisiones correspondientes, entre éstas a la que él preside, así como a la de Justicia.
El legislador Orihuela Tello confió en que la iniciativa será analizada, debatida y enriquecida con las aportaciones que realicen los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras. “De aprobarse, esta iniciativa de reforma constitucional abonará a la transparencia, ya que los michoacanos tendrán garantía de que los recursos públicos estarán bien aplicados”, reiteró.
Manifestó, asimismo, que será un avance significativo en el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, porque convertiría a la ASM en un órgano de fiscalización de vanguardia, “institución a la que en el pasado se dedicaron a destruir y a hacer a la ligera, a modo de algunos”, anotó.
Entonces, añadió el legislador local, en esa perspectiva el Ejecutivo plantea una reingeniería de fondo y pretende que sea el mejor órgano fiscalizador de los recursos públicos del país.
Es de mencionar que la propuesta turnada al Legislativo el pasado 31 de marzo por parte del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, contempla la creación de la Auditoría Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a la que se otorgaría autonomía presupuestal; se crea el servicio profesional de carrera en la Auditoría; se otorga a los ciudadanos el derecho a participar en la revisión de la cuenta pública, en calidad de testigo social, contralor coadyuvante o en consejos consultivos sociales a petición de la instancia competente.
Asimismo, se crea en el Congreso una Comisión Técnica que se encargue de presentar cada trimestre un informe para conocer en tiempo real el ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de metas.
También se propone la creación de un Tribunal de Fiscalización y Cuentas como máxima autoridad estatal para resolver controversias sobre las resoluciones que emita la Auditoría, así como las acciones que lleve a cabo la Fiscalía de Combate a la Corrupción.
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