Morelia, Mich., a 05 de octubre del 2025.- Con la bandera del “progresismo” y el disfraz de una supuesta agenda animalista, el Congreso del Estado consumó en abril la prohibición de las corridas de toros, decisión que organizaciones acusan como un atropello legislativo y un golpe directo a la libertad y al trabajo de miles de familias.
En conferencia de prensa, Tradiciones Unidas por México, A.C., denunció que la medida fue aprobada al vapor, sin consulta, sin parlamento abierto y sin dar audiencia a quienes viven de esta tradición de más de 500 años.
Álvaro López Ríos, presidente de la asociación, señaló que el Congreso actuó bajo consigna política, pisoteando derechos y negando el debate público:
“No queremos más leyes que sólo generan corrupción. Queremos libertad y respeto. El gobierno no dialoga, sólo prohíbe. Nos cancelan eventos, nos cierran las plazas, pero nunca nos escuchan. Eso no es democracia, es imposición”, sentenció.
El matador Antonio Urrutia, con 43 años de alternativa, fue contundente: “Nos arrebatan el pan de la boca”, “A mí no me quitan un gusto, me quitan mi trabajo. De cada corrida depende una cadena enorme: ganaderos, caporales, mozos de espada, banderilleros, choferes, vendedores. Miles de familias que hoy quedan en el abandono. ¿Eso es justicia social?”
El torero también advirtió que el mismo destino corrieron los circos, donde miles de animales terminaron muriendo tras la prohibición.
Los representantes de Tradiciones Unidas acusaron directamente a Giulianna Bugarini y Sandra Arreola, diputadas en el Congreso del Estado, de ser operadoras de esta embestida contra las tradiciones populares, bajo órdenes de Palacio de Gobierno.
“El Poder Judicial ya está sometido. Una juez primero otorgó suspensión definitiva, y después la revocó sin argumento, sólo por presión del gobernador y del Congreso. Lo que vivimos en Michoacán es control político disfrazado de justicia”, denunció el empresario Javier Reyes.
Los líderes advirtieron que esta prohibición es apenas el inicio de una agenda que pretende borrar expresiones culturales profundamente arraigadas en el pueblo michoacano: “Hoy fueron los toros, mañana será el jaripeo. Y sin jaripeo no hay fiesta en los pueblos de Michoacán. Nos quieren arrancar nuestra identidad. No se vale que con un decreto borren lo que nos da vida como comunidad”, expresó el profesor Gabriel Villas, presidente de la Federación de Tradiciones.
La prohibición llega en la antesala de los 500 años de la primera corrida en México. Para los defensores de la tauromaquia, el mensaje es claro: un gobierno que se dice de izquierda, pero que recurre a la censura y a la prohibición como método de control social.
“A mayores leyes, mayor corrupción. No queremos un país sometido a decretos, sino un México libre, donde las tradiciones del pueblo no se negocien en la mesa de los políticos”, expresó López Ríos.
La guerra apenas comienza: mientras en el Congreso celebran la prohibición como “avance”, en las plazas y en el campo se levantan voces que claman que el sistema les arrebató no un espectáculo, sino su trabajo, su identidad y su libertad.
Álvaro López Ríos, presidente de la asociación y también de la Asociación de Empresarios y Promotores de Espectáculos de Morelia, señaló que el organismo se reconstituyó legalmente este año para poder enfrentar, con personalidad jurídica, las embestidas legislativas contra la tauromaquia. “No queremos más leyes que sólo generan corrupción. Queremos libertad y respeto a nuestras tradiciones. Nos prohíben, nos cierran, nos cancelan eventos, pero nunca nos dan un espacio para dialogar. Esto no es democracia, es imposición”, recriminó López Ríos.
El matador Antonio Urrutia, con 43 años de trayectoria, recordó que la tauromaquia no es un pasatiempo, sino un oficio del que dependen cientos de familias. “A mí no me quitan un gusto, me están quitando mi trabajo, mi manutención. Cada corrida involucra ganaderos, caporales, banderilleros, mozos de espada, choferes, vendedores. Miles de empleos dependen de esto. ¿Qué va a pasar con todos ellos?”, cuestionó.
El torero también comparó la actual persecución contra la tauromaquia con la eliminación de animales en los circos, que derivó —según dijo— en el abandono y muerte de gran parte de ellos.
Los integrantes de Tradiciones Unidas acusaron directamente a diputadas como Sandra Arreola y Giulianna Bugarini de operar la prohibición bajo consigna del Ejecutivo federal y estatal. Señalaron que las resoluciones judiciales han sido manipuladas bajo presión de los gobiernos.
“El poder judicial ya está sometido. Los jueces ceden a la presión del gobernador y del Congreso. Nos cancelaron el evento del 30 de septiembre sin explicación, aunque ya estaba autorizado. Esto no es legalidad, es control político”, aseguró el empresario Javier Reyes.
Los representantes recordaron que en 2026 se cumplirán 500 años de la primera corrida de toros en México, celebrada en la Ciudad de México con ganado de Atenco. Para ellos, esta prohibición no sólo elimina un espectáculo, sino que busca “desarraigar al pueblo de sus costumbres y tradiciones”.
Actualmente, existen al menos 16 amparos en trámite a nivel nacional y otro más impulsado por Tradiciones Unidas. Sin embargo, los activistas taurinos denuncian que los jueces revocan suspensiones definitivas bajo presión política.
En México, además de Michoacán, estados como Coahuila, Sonora, Guerrero y Quintana Roo ya prohibieron la tauromaquia. No obstante, asociaciones taurinas subrayan que en varias entidades las corridas están declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que debería blindarlas de cualquier intento de prohibición.
Finalmente, los promotores advirtieron que la embestida no se detendrá en los toros. El jaripeo, profundamente arraigado en la vida comunitaria michoacana, podría ser el siguiente blanco.
“Aquí no hay fiesta sin jaripeo. Nos quieren quitar lo que nos da identidad, lo que nos une como pueblo. No se vale que lo borren con un decreto”, afirmó Gabriel Villas, presidente de la Federación de Tradiciones.
Con la prohibición consumada, el enfrentamiento entre asociaciones y gobierno apenas comienza. En el fondo no sólo está en juego la tauromaquia, sino un modelo de país: entre quienes exigen libertad para mantener sus tradiciones y un sistema político que, denuncian, actúa con censura, imposición y oportunismo electoral.
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