A través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Congreso de Michoacán lesiona derechos laborales de trabajadores de confianza a los que les retuvo el salario correspondiente a la segunda quincena de febrero y les advirtió que “están dados de baja». Parece que la rasuradora legislativa es selectiva porque se respetan los recomendados por diputados y que solamente acuden a cobrar, son funcionarios “15-30”.
Presidida por Anabet Franco Carrizales, la Jucopo tiene una lista interna con los nombres de los trabajadores a los que piensan dar de baja y a los que hasta el momento no les han cubierto la segunda quincena de febrero.
Resulta contradictorio que en el Poder donde se promulgan las leyes que, supuestamente, deben favorecer a la ciudadanía en general, los diputados y diputadas, violen los derechos laborales de trabajadores que tienen desempeñando su labor desde hace dos o tres legislaturas.
Y resulta, también, contradictorio que los trabajadores teman represalias por manifestar su inconformidad por la violación a sus derechos en un recinto –el Legislativo-, donde se supone se privilegia la libertad de expresión.
La rasuradora legislativa parece ser selectiva porque cepilla a trabajadores con varios años de antigüedad y que si cumplen con sus labores y respeta a los que nada más se presentan cada quincena a cobrar sin trabajar y que, vaya coincidencia, llegaron con los actuales diputados.
En fin, el Congreso michoacano y sus cuarenta diputados están actuando en contra de lo que el Poder Legislativo debe ser, un ejemplo de respeto a los derechos de los ciudadanos, en este caso, el respeto a los trabajadores del mismo Congreso.
Si eso hace el Congreso, imagínese lo que hacen empresas privadas en contra de los suyos.
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