Morelia, Michoacán a 03 de enero de 2018.- El nombramiento del Fiscal Anticorrupción en el estado debe ser una prioridad para los diputados locales, más cuando el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ya entró en vigencia el presente año, remarcó Javier Paredes Andrade, Coordinador de Movimiento Ciudadano en Michoacán.
El dirigente naranja hizo énfasis en que además este nombramiento, debe darse excluyendo las cuotas partidistas y alejado de cualquier interés político, dado que se requiere de una figura que esté comprometida con la lucha contra la corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción es un espacio en el cual se debe privilegiar a un ciudadano para que sirvan como verdaderos interlocutores en los procesos sociales, donde se proteja el interés supremo de gobiernos transparentes, donde no quepa la impunidad ante posibles actos de corrupción encabezados no sólo por funcionarios sino también por particulares que reciban recursos públicos, remarcó Paredes Andrade.
Si no se garantiza la imparcialidad en la designación de quien será el primer Fiscal Anticorrupción, y que sea el mejor perfil para el encargo “el Sistema Estatal será un elefante blanco, costoso por su burocracia e ineficiente por posibles conflictos de intereses”, apuntó.
“Si queremos que la lucha contra la corrupción triunfe, debe hacerse del lado de los ciudadanos, quienes son los más afectados por esta práctica que daña no sólo al estado, sino al país”, dijo Paredes Andrade.
De acuerdo al estudio “Anatomía de la Corrupción”, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el tema de la corrupción es el segundo tema que más preocupa a los mexicanos, con un 51 por ciento, sólo superado por la inseguridad y la delincuencia.
En cuanto al Índice de Percepción de Corrupción del 2016, se establece que la corrupción ha llevado a México a retroceder vergonzosamente en los principales indicadores, alcanzando el lugar 123 de 176 economías analizadas.
El coordinador de Movimiento Ciudadano en Michoacán remarcó que las estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el CEESP, indican que el costo de la corrupción oscila entre el nueve y diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, apuntó, para el 2016 la corrupción habría costado 2.1 billones de pesos al país.
Javier Paredes hizo énfasis en que se debe evitar el crecimiento de esta práctica; “para Movimiento Ciudadano la corrupción es violencia, y los ciudadanos quieren y tienen derecho a vivir en paz, por eso insistimos que debe haber cero tolerancia a la corrupción” donde la lucha contra esta práctica no debe estar contaminada por interese político partidistas”.
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