Morelia Mich., a 11 de marzo de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano, en rueda de prensa, abordó los cuestionamientos en torno a la reforma de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). La legisladora enfatizó que el Congreso del Estado no fue el responsable de elaborar la propuesta, sino que fue un proceso iniciado por el Consejo Universitario, enviado al Ejecutivo y posteriormente remitido al Legislativo para su aprobación.
Alanís destacó el compromiso de la actual legislatura con la universidad, mencionando que, por primera vez en su historia, se aseguró un presupuesto pleno para la institución. Esto se logró a través de una iniciativa del gobernador, la cual fue respaldada y defendida en el pleno, garantizando que la UMSNH reciba al menos el 4.5% del presupuesto estatal. Para 2025, este porcentaje representará un incremento de más de 700 millones de pesos, destinados principalmente a la expansión de la matrícula, mejoras en infraestructura educativa y fortalecimiento de centros de investigación.
En cuanto a la Ley Orgánica de la universidad, Alanís subrayó que la única modificación realizada por el Congreso fue la inclusión del sexto transitorio, el cual garantiza el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores universitarios, incluyendo jubilaciones y pensiones previas a la reforma. Reiteró que estos derechos deben ser progresivos y no regresivos.
Asimismo, la diputada aclaró que el Congreso no modificó el nombre de la universidad. Recordó que el decreto del 15 de octubre de 2017, emitido por la 73ª Legislatura, estableció la denominación de «Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo». En caso de que la comunidad universitaria desee un cambio en el nombre, se debería emitir un nuevo decreto por parte de la 76ª Legislatura.
Sobre el tema de pensiones y jubilaciones, Alanís reconoció la existencia de un reducido grupo de trabajadores con pensiones elevadas, algunas incluso superiores al salario de la presidenta de la República. No obstante, subrayó que estos beneficios fueron adquiridos legalmente y no está en discusión eliminarlos. La nueva Ley Orgánica, ya publicada, aplicará solo a los nuevos trabajadores contratados por la universidad.
Finalmente, la legisladora enfatizó que desde finales del año pasado se ha mantenido un diálogo abierto con la comunidad universitaria, incluyendo sindicatos, académicos e investigadores, para atender temas como la precarización laboral de los docentes por asignatura. Aseguró que cualquier reestructuración deberá ser decidida internamente por la universidad y su rectora, Yarabí Ávila González.
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