Michoacán carece aún de una regulación precisa sobre las remuneraciones de sus servidores públicos en lo estatal y municipal, lo que genera que cada administración a libre albedrío establezca criterios y montos, apuntó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Pascual Sigala.
El líder de la bancada perredista en la LXXIII Legislatura local señaló que frente a la situación de crisis por la que atraviesa el estado, y ante el desorden en los criterios en la materia, es necesario generar criterios normativos que regulen los sueldos de la burocracia en Michoacán.
“Estas contradicciones pueden verse sobre todo en el ámbito municipal, en donde cada que arriba una nueva administración municipal establece sus propios criterios sobre los ingresos de sus funcionarios”.
Agregó además que en Michoacán desde el 2007 está en vigor la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado, que establece que la remuneración de cada función pública deberá ser proporcional a la responsabilidad que derive del cargo y al presupuesto designado para el órgano de la autoridad en cuyo tabulador se incluya, sin embargo ésta no ha tenido un cumplimiento real por lo que debe ser más estricta.
De acuerdo con el legislador Sigala se deben generar controles que impidan la asignación de salarios excesivos en el quehacer público, sobre todo en un estado como en crisis como Michoacán, en donde han abundado funcionarios que en un mes perciben lo que un trabajador fuera de la burocracia en un año o más.
Pascual Sigala señaló que la disparidad de criterios puede ejemplificarse con el hecho de que a principios de año el titular del Ejecutivo Municipal de Lázaro Cárdenas tenía un sueldo mayor al del titular del Ejecutivo del Estado, mientras que el titular del ejecutivo Municipal de Zamora tenía ingresos superiores a los del presidente del Poder Judicial del Estado.
“Si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica obliga a publicitar los ingresos de los servidores públicos, lo cierto es que no siempre aparecen las percepciones de manera íntegra o total”.
Consideró necesario un esquema completo de la igualdad salarial de los servidores públicos unificando los criterios a la que habrán de someterse los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, así como los municipios y todo ente público del Estado.
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