- En Michoacán, son 4 mil víctimas anuales por esta situación.
Morelia, Mich., a 06 de abril de 2016.- La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, Mary Carmen Bernal Martínez, presentó este miércoles, una iniciativa de con proyecto de dictamen que adiciona el artículo 205 bis al Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo para sancionar el robo de identidad.
Lo anterior, debido a que el robo de identidad, es una laguna legal existente en el Código Penal y por lo tanto, una práctica que puede ser penalizada, como un fraude o abuso de confianza, mas no como lo que es, un delito que se comete, cuando una persona se hace pasar por otra con la intención de llevar a cabo un delito.
Bernal Martínez expresó que este ilícito se concreta cuando una persona adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona física de forma autorizada o con la intención de efectuar o vincularlo con algún fraude, engañar a un tercero para cometer un ilícito u otro delito.
Ahondó en que las nuevas las nuevas tecnologías han sido aprovechadas por la delincuencia para la obtención de datos personales, que pueden conseguir haciéndose pasar por representante de alguna institución financiera o de servicios preguntando por la información de la cuenta del cliente; obteniendo información de las cintas magnéticas de las tarjetas de débito o crédito, clonando con esta información las tarjetas bancarias; robo de banco de datos de tiendas comerciales o por medio de software diseñado para recoger información personal, así como el uso de correos electrónicos y sitios web falsos.
La diputada petista consideró grave que el vacío jurídico que se crea con la falta de tipificación de este delito en nuestro Código Penal, es aprovechado por este tipo de delincuentes, logrando, en el caso de ser detenidos, alcanzar su libertad sin mayor problema.
Mencionó que según cifras de la CONDUSEF, en Michoacán son 4 mil personas quienes tienen que pasar por esta penosa situación, pues este delito, no solo causa problemas económicos, sino también afecta moralmente y psicológicamente a la víctima, que debe posteriormente restablecer su reputación y credibilidad.
Finalmente, ahondó en que también debe haber castigo para quienes estén de acuerdo, coadyuven o den su consentimiento para que su persona sea suplantada con el fin de engañar a un tercero con fines ilícitos, y, por lo tanto, esta posibilidad también está incluida en esta propuesta.
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