Morelia, Michoacán., 12 de Noviembre del 2014.- Con el proyecto de Ley de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán de Ocampo se busca garantizar a las victimas la reparación del daño así mismo queda establecido que los tres poderes de gobierno por medio de sus instituciones están obligados a brindar ayuda, asistencia, protección, argumentó la Legisladora Cristina Porillo Ayala integrante de la Comisión de Justicia de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado.
Asimismo, informó que se contempla la creación del el Sistema Estatal, mismo que será un órgano de coordinación operativa que deberá coadyuvar con la Comisión Ejecutiva a la concreción de las atribuciones y facultades de ésta y de los objetivos de esta ley y de la Ley General de Víctimas, a efecto de consolidar la planeación, establecimiento y realización de las políticas públicas, acciones y programas.
La diputada Local mencionó que las medidas de ayuda inmediata contempladas en esta ley, comprenden las medidas de emergencia médica y psicológica, protección, gastos funerarios, transportación, alojamiento y alimentación, preferentemente.
Acentuó que la Ley de Atención a Víctimas del Delito y la Promoción de sus Derechos pasará a segunda lectura en la próxima sesión, la cual es parte esencial de un sistema de armonización que viene desenvolviéndose a partir de la expedición de leyes generales.
La diputada manifestó que de esta manera se establecerán los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas.
“Con esta Ley se pretende establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y realizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas ” .
Portillo Ayala destacó que dicha Ley será de aplicación complementaria a la Ley General de Víctimas para todo lo referente a derechos reconocidos a las víctimas en el Estado de Michoacán de Ocampo, procedimientos, mecanismos e instituciones creadas en el Estado para garantizar la adecuación y efectividad de la Ley General de Víctimas en todo lo que no contemple.
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