Por Hèctor Torres
Para experimentar la discriminación y la criminalización por la apariencia física no es necesario estar en los Estados Unidos, aquí, en Morelia, Silvano Aureoles Conejo y Alfonso Martínez Alcázar se lo hacen sentir con todo el rigor, la ilegalidad, la prepotencia, la violación a los derechos humanos y el abuso de autoridad de la Policía Michoacán y la Municipal de Morelia.
La llamada Ley Arizona o SB1070 considera como presuntos culpables de crímenes a todos los que por su apariencia puedan parecer inmigrantes, y eso es lo que hacen aquí en Morelia, aunque no contra inmigrantes, sino contra aquellos que parezcan alcohólicos o drogadictos con el pretexto de su rehabilitación.
Elementos de esas corporaciones policiacas, ilegalmente, detuvieron a más de 300 personas, principalmente jóvenes, por su apariencia física a los que trasladaron a barandillas y posteriormente, sin su consentimiento, a lo que era el Centro de Readaptación Social, Francisco J Múgica, donde, incluso, los mantenían incomunicados.
Ante estos atropellos la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició la queja Número MOR/233/2017 en contra de los elementos policiacos para investigar la violación a los derechos humanos; la incomunicación a la que los sometieron; a la presunción de inocencia; a la detención arbitraria y demás ilícitos cometidos, en esa acción, por los llamados guardianes del orden.
Las reacciones a esa arbitrariedad policiaca no se hicieron esperar y Wilfrido Lázaro Medina se pronunció por la inmediata liberación de las más de cien personas que el gobierno del estado tiene retenidas en lo que han llamado Centro Especializado de Prevención y Rehabilitación de las Adicciones; mientras que Carlos Quintana Martínez, pidió a las corporaciones policías estatales y municipales conducirse con la ley en la mano y limitar su actuar a lo que establecen los reglamentos y las leyes vigentes; a su vez Yarabí Ávila aseguró que es ilegal y violatorio de los derechos humanos retener en contra de su voluntad a jóvenes, por su apariencia, bajo el argumento de rehabilitarlos.
Mario Armando Mendoza consideró que la violación a los derechos humanos es el resultado de la redada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Morelia contra personas, en su mayoría jóvenes, por su apariencia física; pidió al gobierno estatal detener estas acciones que se alejan de toda estrategia de seguridad y violan los derechos humanos.
Incluso Manuel López Meléndez, diputado por parte del partido al que pertenece Silvano Aureoles Conejo, el PRD, afirmó que la fracción parlamentaria de ese instituto político no avala esas detenciones arbitrarias y violatorias de los derechos humanos.
Y a pesar de eso y el rechazo social a esa arbitraria medida, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís afirmó que las redadas contra los jóvenes continuarán.
Con ello se empieza a justificar el comentario ciudadano en el sentido de que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo comienza a perfilarse como una administración represora y violatoria de los derechos humanos, algo que ya lleva como apellido “el gobierno independiente de Alfonso Martínez Alcázar y si no que le pregunten a los comerciantes ambulantes.
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