Morelia; Michoacán, 4 de mayo de 2016.- Por unanimidad, el Pleno de la LXXIII Legislatura aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que amplía las obligaciones de rendición de cuentas a todas las autoridades, entidades y organismos, así como a los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y cualquier persona física o moral, que reciba y ejerza recursos públicos.
Al razonar su voto a favor los diputados Mario Armando Mendoza, Mary Carmen Bernal, Daniel Moncada, Francisco Campos Ruíz, Andrea Villanueva Cano y Adriana Hernández coincidieron que esta nueva normativa refuerza la transparencia en la administración, ya que al incrementar las sanciones, se evita la impunidad; además se amplía la denominación de sujetos obligados, al considerarse como tales tanto autoridades como organismos autónomos y particulares; asimismo destacaron que esta nueva ley homogeniza las reglas aplicables a los tres niveles de gobierno, cuestiones que ayudarán a recobrar la confianza de la sociedad hacia las instituciones.
Con su aprobación se efectúa en tiempo y forma, la armonización de las disposiciones locales con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; abonando con ello en la construcción de la cultura de integridad pública correspondiente a un estado democrático.
El dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos, establece que entre los objetivos de la ley se encuentra garantizar el derecho humano de acceso a la información pública mediante procedimientos rápidos, sencillos y gratuitos.
Lo anterior, para favorecer y motivar la participación ciudadana en la toma de decisiones así como en la evaluación de las políticas públicas, estableciendo las bases para que los sujetos obligados presenten información veraz y oportuna sobre sus indicadores de gestión y del ejercicio y manejo de los recursos públicos.
Asimismo, se propone regular la organización y funcionamiento del organismo garante y de las unidades de transparencia de los sujetos obligados y el medio de impugnación con que cuenten los solicitantes de información.
De igual forma, establece los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan, en caso de incumplimiento de la ley.
De esta manera, quienes integran la Septuagésima Tercera Legislatura continúan consolidando acciones legislativas a favor de los ciudadanos con el interés de que estén bien informados sobre el uso de los recursos públicos de los tres órdenes de gobierno, así como de los sindicatos, partidos políticos y particulares en los supuestos previstos en la norma.
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