Morelia, Mich. [18 de octubre del 2024]. – El Diputado Hugo Rangel presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán la Iniciativa con Proyecto de Decreto para la Reforma y Derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia del Poder Judicial, destacando la importancia de alinear la normativa estatal con la reciente reforma constitucional federal promulgada en septiembre de 2024. Esta iniciativa no sólo responde a una obligación jurídica de adecuar la legislación local al mandato federal, sino que también plantea un nuevo paradigma judicial, orientado a garantizar un acceso a la justicia más equitativo y efectivo, sobre todo en aquellas regiones del estado históricamente marginadas.
La propuesta del Diputado Rangel Vargas subraya la necesidad de una reforma profunda que corrija las deficiencias estructurales en la impartición de justicia en Michoacán, especialmente en zonas rurales e indígenas, donde el acceso a los tribunales y servicios judiciales ha sido limitado por barreras geográficas, económicas y lingüísticas. Al incorporar el concepto de “justicia equiparable”, la reforma se propone igualar las condiciones de acceso para comunidades indígenas y campesinas, brindando un trato justo y adecuado a todas las personas sin distinción de origen étnico o de ningún tipo.
Esta reforma también señala la necesidad de transparentar el proceso de selección de jueces y magistrados, quienes, alineados a la iniciativa federal, deberán ser electos por el voto popular directo. Esto erradicaría la opacidad en la designación de cargos dentro del Poder Judicial, garantizando una renovación basada en la transparencia y la legitimidad, con el fin de evitar acuerdos ocultos entre los poderes. Así, se busca consolidar un sistema judicial abierto, que responda al mandato de la ciudadanía y no a intereses facciosos o particulares.
Finalmente, el Diputado hizo un llamado a sus compañeros legisladores para que esta reforma no se quede en el ámbito legislativo, sino que se someta a un amplio debate con especialistas y la sociedad en su conjunto, como una oportunidad histórica para resolver los rezagos que persisten en la impartición de justicia. Este proceso legislativo representa no sólo una adecuación normativa, sino un acto de justicia histórica hacia los sectores más vulnerables del estado.
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