A construir una política de Estado en materia de migración y movilidad humana, para establecer las bases que garanticen mejores condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y educativas para este sector y especialmente para que las mujeres tengan acceso a una vida digna y libre de violencia en sus comunidades, de manera que el desplazamiento sea una opción libre y no el resultado de condiciones de pobreza o falta de oportunidades, convocó la diputada Lucila Martínez Manríquez.
La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, habló sobre Migración y Mujer y refirió la necesidad de fortalecer el andamiaje jurídico para garantizar la promoción y el respeto de los derechos humanos de las personas desplazadas.
Hizo un llamado a generar una agenda legislativa en favor de los migrantes, pero principalmente de todas aquellas mujeres que se han visto obligadas a migrar; “los michoacanos, estamos moralmente comprometidos con la comunidad migrante, pues somos el segundo estado expulsor de migrantes después de Jalisco, además de que muchos de nosotros y nuestras familias hemos vivido y padecido los estragos de haber sido o de ser migrantes”.
Lucila Martínez puntualizó que se debe propiciar que la comunidad migrante pueda tener acceso a políticas públicas que les permitan garantizar el acceso a una vivienda; a una equivalencia de estudios que les permitan tener mejores empleos y por ende mejores salarios, además de establecer la obligación legal de elaborar programas de atención a este fenómeno en el estado.
La mujeres migrantes no son sólo aquellas que se encuentran en tránsito, aclaró, “son todas las que de alguna u otra forma se ven impactadas por este fenómeno, ya sea en sus lugares de origen o en los lugares en los que decidieron establecerse en busca de mejores condiciones de vida; ellas son pues, como los papalotes: no están hechas para volar una sola vez, sino para vivir en constante movimiento”.
En ese contexto, profundizó que la migración es un fenómeno constante y dinámico que exige adecuar la legislación a las necesidades de este sector, ya que quienes decidieron emigrar a otras latitudes en busca de nuevas oportunidades, no se han desvinculado de los asuntos internos del país ni de los de su estado.
En este sentido, Lucila Martínez, añadió que las mujeres migrantes se han convertido en agentes activos y visibles de los procesos migratorios, ejerciendo incidencia en la transformación social, política y cultural de la sociedad en la que viven y en la que nacieron.
Las condiciones actuales del mercado laboral que se derivan del modelo económico vigente, han incrementado la movilidad de las mujeres dentro y más allá de los límites nacionales.
La legisladora refirió que hoy en día casi el 50.5 por ciento de los 10 millones de migrantes que residen en el vecino país son mujeres, de ahí, la necesidad de analizar las causas específicas por las cuáles migran, entre las que destacan las siguientes: la carencia de empleo en sus lugares de origen; la falta de seguridad social; los salarios precarios y las nulas alternativas de colocación en el mercado formal; la reunificación familiar, es decir alcanzan a los esposos, las hijas o los hijos y los contextos de violencia que viven, ya sea en el seno familiar o producto de la delincuencia que predomina en sus lugares de origen.
En ese anhelo por dejar atrás todos estos contextos desfavorables, es que las mujeres migrantes en muchas ocasiones se enfrentan a otros retos aún mayores, tales como: la vulneración de su derecho fundamental a la ciudadanía; arriesgan su vida y su integridad física en el anhelo por alcanzar el sueño americano y en muchos casos son víctimas de violación y feminicidio u víctimas de trata de personas, entre muchos otros riesgos.
Por lo anterior hizo un llamado a elaborar un diagnóstico puntual de los fenómenos sociales que provocan la migración, para de ahí generar los mecanismos jurídicos que puedan garantizar la protección física y jurídica de la comunidad migrante
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