Por Héctor Torres
Aunque aparentemente en Michoacán no se corre el riesgo de que ocurra algo similar a lo de Iguala, el diputado José Eleazar Aparicio Tercero consideró urgente que en la entidad se legisle para prevenir y sancionar la desaparición forzada, cuya iniciativa se encuentra sin avance alguno, desde hace 18 meses, en la Comisión de Justicia.
Aparicio Tercero consideró lamentable que en el Estado Mexicano no se tenga una ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada, entendiéndola ésta cuando participa el Estado en cualquiera de sus niveles.
Aplicando medidas, como las hechas en Iguala, para disuadir marchas o actividades que pudieran ser consideradas como rijosas o no buenas para la sociedad, como el pintarrajear calles, paredes, carros, no es la solución.
Recordó que en Michoacán, en respuesta a una manifestación estudiantil, las fuerzas armadas incursionaron violentamente a una Casa de Estudiantes y golpearon a muchos, se llevaron a otros, los tuvieron desaparecidos un rato. También detuvieron a normalistas y se los llevaron a la Academia de Policías sin rendir un informe de a cuántos tenían, de qué se les acusaba y cuánto tiempo iban a estar ahí.
“Creo, dijo, que es muy lamentable, si se confirma con estudios de ADN, que en Iguala secuestraron, levantaron y desaparecieron a 53 o más normalistas, después aparecieron algunos, y que supuestamente los mataron y los quemaron en una fosa clandestina”.
Ante esa eventualidad, subrayó, no debe haber una ley que proteja a quienes están implicados, debe hacerse justicia trátese de quien se trate y quien haya participado tanto en la cuestión material como aquel que lo hizo por omisión o dando la orden.
Si es presidente municipal, gobernador o presidente de la república quien está en alguno de esos supuestos debe, primero, hacerse justicia, castigar a los culpables, y, posteriormente, usar la ley para resarcir el daño y que estas familias que jamás van a volver a tener a sus hijos a su lado puedan superar los traumas que esto lleva.
En un sistema como el mexicano, añadió, donde se presumía tenían informes de los antecedentes de un alcalde, “creo que el omitir tiene una responsabilidad”. Aparte hay órganos de inteligencia dentro del gobierno federal para saber perfectamente dónde operan algunos cárteles y con quién pudieran estar coludidos para actuar ilícitamente.
Por lo anterior, agregó, tienen una responsabilidad todos los niveles de gobierno, habrá que hacer las investigaciones necesarias para detener o castigar a los culpables y encontrar la manera de resarcir los daños.
En Michoacán, subrayó, estamos pugnando porque salga lo más pronto posible ya una ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada que ya tiene en la comisión de justicia más de un año y medio y no ha avanzado.
Por eso, “urgimos a esta comisión y a las otras” a que se legisle en la materia, “aunque no corremos ese riesgo, aparentemente, en Michoacán, pero tenemos varias normales que se han manifestado y pudiera pasársele la mano al gobierno”.
Entonces, prosiguió, es necesario que cada quien tome el papel que le corresponde; los legisladores, apurarle en la aprobación de esta ley; el Poder Judicial aplicar la ley, pero respetando los derechos fundamentales del ser humano. Es necesario, agregó, que la impartición de justicia en Michoacán se dé en un Estado de Derecho.
Negó que regular las marchas, los mítines, sea la respuesta para amortiguar un poco esta situación, y estimó que debe cambiar el sistema de gobierno y debe destinarse más recurso hacia las escuelas públicas.
Subrayó que un joven que tiene todas las garantías y derechos que consagra la Constitución como una educación gratuita, laica, obligatoria y de calidad no tendría por qué andar marchando, entonces es innecesaria una ley para regular las marchas cuando tiene satisfechos sus demandas mínimas.
Si todos los sectores de la sociedad, no solamente el educativo, cuentan con oportunidades de desarrollo, “yo te aseguro que no hay necesidad de regular las marchas”.
Sobre la permanencia o no del gobernador de Guerrero en su cargo mientras se realizan las investigaciones, Aparicio Tercero señaló que es una situación que debe valorar el propio mandatario guerrerense, aunque, dijo, que mientras se hace la investigación “debería de dejar el cargo para que no se contamine y los órganos de gobierno estatales o federales puedan actuar con la facilidad necesaria”.
Agregó que la opinión pública debe basarse en criterios amplios y no superficiales, mucho menos partidistas, “no he sido yo uno de los que he criticado sin fundamento a un gobierno priísta en Michoacán y exentar al gobierno perredista que terminó la etapa pasada para exonerar a uno y perjudicar a otro”.
Y en el caso de Guerrero no importa que el gobernador sea del PRD, “debe facilitar las investigaciones”.
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