MORELIA., Mich., 30 de abril de 2015.- Para fomentar la presentación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos en un marco de seguridad y confianza, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán presentó este jueves iniciativa con carácter de dictamen para reformar y adicionar artículos a la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios.
El presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán de la LXXII Legislatura, Antonio Sosa López, explicó que en la iniciativa se plantea como objetivo garantizar la legalidad y seguridad jurídica con que deben contar los órganos de control gubernamental, así como la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales que rinden los servidores públicos obligados.
Se expone que la estructura administrativa del órgano técnico del Poder Legislativo, cuenta con experiencia de más de 30 años, con formatos debidamente validados y actualizados; además de un sistema moderno y actualizado para rendir las declaraciones patrimoniales por vía electrónica, sistema que se llevó más de tres años de pruebas.
El hecho de que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) cuente con documentación archivada con antigüedad de más de 30 años, permite realizar comparativos y emitir estadísticas sobre los datos de las declaraciones patrimoniales, verificando su veracidad, y realizando visitas e inspecciones.
De acuerdo con la exposición de motivos de la referida iniciativa con carácter de decreto, en la actualidad, la mayor parte de las administraciones municipales no cuentan con la capacidad económica, administrativa, de capacitación, ni tampoco con los más elementales programas de informática que les permitan hacer frente a la responsabilidad de emitir los respectivos formatos y la normatividad necesaria para que los servidores públicos de los municipios presenten sus declaraciones patrimoniales.
Por esa situación, diversos presidentes y contralores municipales han externado repetidamente, de forma oficial y extra oficial a los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior y al propio órgano técnico, su falta de confianza para entregarles la declaración correspondiente, pues cuentan con temor fundado de que el crimen organizado presione para obtener información del personal de la administración.
En este sentido, resulta una demanda ciudadana que los órganos de control se conduzcan con profesionalismo y que actúen de forma inmediata en contra de los servidores públicos u otras personas que cometan actos de responsabilidad en contra de la administración pública y que generen corrupción.
Sosa López conminó a los integrantes de la LXXII Legislatura a ser partícipes de la iniciativa; de igual forma, que una vez que sea turnada para su estudio y análisis a las comisiones dictaminadoras conducentes, se pueda determinar la importancia de los actos de gobierno y la garantía de seguridad jurídica que se propicia con estas reformas y adiciones.
De lo contrario, agregó, se estaría propiciando un desorden administrativo que afectaría los procesos de fiscalización, auditoría, revisión, supervisión y de procedimiento de los órganos de control.
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