MORELIA, Michoacán a 14 de abril del 2026. — Con una tapa de huevos sobre la mesa y un tono frontal, el dirigente estatal del PRI, *Guillermo Valencia Reyes*, arremetió contra la inacción del Gobierno de Michoacán ante el secuestro de vehículos por parte de presuntos estudiantes de la Escuela Normal de Tiripetío.
El líder priista aseguró que el obsequio tiene como destinatario al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señalando una evidente “falta de valor” para aplicar la ley contra los grupos que mantienen bloqueos y extorsiones en la entidad.
La “oferta” delictiva: de 10,000 a 5,000 pesos
Durante la rueda de prensa, Valencia presentó pruebas de lo que calificó como una red de extorsión institucionalizada. Según el dirigente, las denuncias públicas han forzado a los normalistas a “bajar sus tarifas” para liberar unidades retenidas ilegalmente.
“Ya no cobran 10,000; ya le bajaron a 5,000. Ahorita, en este momento, tienen vehículos secuestrados”, denunció Valencia
Extorsión digital: “No les gusta el cash”
La evidencia central consistió en un video y el comprobante de una *transferencia bancaria por 5,000 pesos* realizada por una víctima reciente. De acuerdo con el reporte, los normalistas exigen pagos electrónicos para evitar el manejo de efectivo y agilizar la liberación de los camiones y camionetas que mantienen bajo su control.
“Quieren transferencia para no andar manejando efectivo; no les gusta el cash”, ironizó el dirigente, cuestionando cómo es posible que existan cuentas bancarias receptoras de delitos graves sin que la autoridad intervenga o rastree los fondos.
Valencia Reyes fue enfático al señalar que, mientras la ciudadanía y los transportistas son víctimas de delitos de alto impacto, el Ejecutivo estatal mantiene una postura de tolerancia absoluta hacia los moradores de las normales.
El uso de transferencias bancarias sugiere una estructura que no teme al rastreo del sistema financiero.
La fijación de “tarifas” para la devolución de propiedad privada indica un control territorial por encima del Estado.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial respecto a la evidencia de los depósitos bancarios presentados por la dirigencia del PRI.
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